La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifiesta su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de no acatar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado al diferendo existente entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de recursos coparticipables.

Sin entrar en la cuestión de fondo respecto al recorte, la CAC considera que el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional.

La Entidad reiteradamente ha abogado por el diálogo como método para la solución de controversias, en el convencimiento de que es el mejor camino para su superación. Cuando esa posibilidad de agota, y si fracasan también los intentos de mediación, no queda más alternativa que recurrir a la Justicia y someterse a lo que ella determine. Eso es lo que manda nuestra Constitución y ese es el modo en el que funciona cualquier república que se precie de tal.

El flagrante desconocimiento del fallo –que es el escenario que se prevé tras el comunicado emitido en el día de ayer por Presidencia de la Nación, en el que se lo califica como “de imposible cumplimiento”– dañaría severamente a nuestra República, lesionando la confianza de los inversores locales y del exterior y, fundamentalmente, dejaría a todos los ciudadanos más desamparados ante el poder de turno.

La CAC es una entidad gremial empresaria de cúpula y, como tal, su ámbito de natural incumbencia son cuestiones como los impuestos que gravan a la actividad económica, la legislación laboral, las negociaciones salariales, la normativa de comercio exterior y tantas otras cuestiones que afectan directamente al sector representado. Sin embargo, ante circunstancias excepcionales, considera necesario hacer oír su voz, aunque la cuestión exceda su materia de habitual competencia. La situación recién aquí descripta es una de ellas.

Por todo lo anterior, la CAC hace un firme llamado en pos del pleno respeto de la Constitución Nacional y de las instituciones de la República, en el convencimiento de que solo bajo su imperio podremos ser esa Nación con desarrollo económico y social al que los argentinos aspiramos y en la que los derechos de todos los ciudadanos estén garantizados.