Supermercados, autoservicios y distribuidores mayoristas, PyMEs locales con décadas de trayectoria y cientos de empleados, hoy se encuentran en una situación desesperante, al borde del quebranto, ante el desinterés e indiferencia de nuestros representantes y organismos de control.

En un contexto nacional de ajuste y recesión, junto con una presión fiscal asfixiante, altas tasas de interés y exorbitante costo de los servicios públicos se le suma la falta de aplicación de la Ley Provincial 9393 y el florecimiento de la economía informal y concentrada ante la pasividad de quienes “pescan en la pecera”.

Cuando se sancionó la Ley Provincial 9393, llamada “de grandes superficies”, su objetivo fundamental era minimizar las distorsiones comerciales generadas por los grupos concentrados. Nada de esto ha sucedido.

Hemos denunciado hasta el hartazgo múltiples casos de incumplimiento sin respuesta por parte de provincia y municipio. Insólitas interpretaciones de la norma han provocado que, hoy por hoy, esta ley sólo limite a empresas locales mientras que las foráneas pueden hacer lo que se les ocurra.

Hoy observamos el crecimiento de empresas que se instalan y que con el pretexto de ser “mayoristas” hacen caso omiso a la ley, o llamativos y numerosos emprendimientos donde en pocos días transforman baldíos en supermercados, comercializando productos por debajo de sus costos y donde es muy difícil obtener un ticket o factura. Esto sin contar a la multinacional que sembró la ciudad de sucursales con la excusa de ser “franquicias”.

Este escenario no sólo se presenta en Concordia, es cierto, pero mientras en otras ciudades de la provincia se han tomado diversas medidas, en nuestra ciudad esto no ha ocurrido, a pesar de nuestros constantes reclamos.

La situación es desesperante. La mayoría de las PyMEs del sector presentan deudas fiscales, atrasos en el pago de sueldos y proveedores y una actualidad que nos invita a afirmar, sin temor a equivocarnos, que en los próximos meses muchas cerrarán sus puertas definitivamente, dejando a cientos de familias sin sustento y en manos de “tres o cuatro vivos” la comercialización de productos básicos en nuestra ciudad, sin trabajo para nuestros vecinos ni tributos al municipio.

En los últimos 30 años, el Estado no ha hecho nada por defender a las PyMEs de nuestra ciudad. Es hora de que comiencen a hacerlo o asumir una ciudad sin comercio local formal.

Estamos convencidos de que es tiempo de repensar el comercio local con fortaleza económica, trabajo y respetando la ley y es por ello que hemos presentado al Intendente de Concordia, Dr. Enrique Cresto, en conjunto con los representantes de los trabajadores mercantiles, el Centro de Empleados de Comercio, un pedido de suspensión de habilitaciones por 180 días hasta tanto se resuelva por parte de una Comisión creada a tal efecto y del Honorable Concejo Deliberante, una normativa que defina reglas claras de instalación, regulación territorial y requisitos exigidos para la radicación y habilitación de supermercados, autoservicios, cadenas y franquicias del rubro.

Comisión Directiva – Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia