Por votación unánime, el Senado sancionó este miércoles la ley de apoyo a la actividad emprendedora, que apunta a generar 47 mil puestos de trabajo, y que entre otras cosas facilita los trámites burocráticos que hoy deben afrontarse para encarar un proyecto.

El debate se extendió durante más de dos horas y las críticas de parte de la oposición se posaron, en mayor medida, en el financiamiento de la norma, que quedaría a cargo de las provincias por resignación de coparticipación.

La iniciativa apunta a facilitar la constitución, la promoción y el crecimiento de pequeñas empresas, mediante la creación de una nueva figura jurídica, las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que permitirá abrir una empresa por Internet en no más de 24 horas, incluida la apertura de una cuenta bancaria en el acto y el CUIT.

Asimismo, contempla una serie de beneficios impositivos para la inversión de capital, cuyos aportes podrán ser deducidos del impuesto a las Ganancias -que es coparticipable- hasta el 10% de la ganancia neta.

Entre las notas características de la Sociedad por Acciones Simplificada se establece que podrá ser unipersonal o pluripersonal (en consonancia con el criterio actualmente receptado en la Ley General de Sociedades) y los socios limitarán su responsabilidad a la integración de las acciones.

Por otra parte, según lo establece el artículo 40 del proyecto, el capital social no podrá ser inferior al importe equivalente a dos veces el salario mínimo vital y móvil -que desde enero de 2017 es de $8.060-.

El objeto social de la SAS puede ser plural y no necesariamente tienen que guardar conexión entre ellos. Con la excepción del Libro inventario y Balance, los demás registros societarios podrán ser electrónicos. Por ese mismo medio podrán otorgarse poderes.

También habilita las reuniones sociales a distancia (para el caso de SAS con más de 1 socio) mediante medios de comunicación simultáneos.

Además, crea un Registro de Instituciones de Capital Emprendedor y un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), con el cual se podrán financiar emprendimientos de forma conjunta con el sector privado.

Por la discusión en torno al financiamiento, la votación del proyecto había fracasado a fines del año pasado, y durante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo fue el propio presidente Mauricio Macri quien pidió al Congreso sancionar la ley, que ya contaba con la aprobación de la Cámara baja.

En esta segunda oportunidad en el recinto, el artículo 8, relativo al tratamiento impositivo -que había resultado en empate la primera vez-, recibió 41 votos a favor y 16 en contra.

El debate

El sanjuanino Roberto Basualdo, miembro informante del proyecto, explicó que la mayor dificultad con la que se encuentran hoy por hoy los emprendedores tiene que ver con los trámites para constituir una SRL, que “en promedio tardan 90 días”.
“Tienen muchos obstáculos que sortear. Por esos impedimentos muchos quedan en el camino y no pueden ni armar la sociedad. Y son proyectos exitosos que valen mucho”, remarcó.

En rechazo al modo de financiamiento de la iniciativa se expresó la peronista puntana Liliana Negre. “No podemos estar en contra de los emprendedores, pero casi que parece un cuento de hadas algunas cosas que se escuchan… cuántas cosas hemos votado a costa de nuestras provincias, cuántas leyes que se financian con nuestras provincias”, lamentó.

La mano derecha de Adolfo Rodríguez Saá ratificó: “Estamos en contra de que se financie con nuestro erario provincial cuando el Gobierno nacional no paga lo que debe”.

El radical Luis Naidenoff consideró que en la actualidad “falta acompañamiento a los emprendedores” porque “tenemos un Estado muy burocrático que no facilita las cosas”. “Hoy podemos dar un primer paso que simplifique y ayude a avanzar en la inclusión”, destacó.

También respaldó la ley el peronista santafesino Omar Perotti, al subrayar que “una política de emprendedurismo tiene mucho de cercanía, de local y de federal”, y que “es fundamental descentralizar y trabajar fuerte con el sector científico tecnológico, las universidades y los municipios”.

Por su parte, la kirchnerista María Ester Labado acompañó “el espíritu” de la ley, pero alertó que “hoy no hay mercado interno ni consumo que impulse a los emprendedores”.

“Esta es una ley fundamental para la Argentina, que baja las barreras de entrada a la hora de emprender e invierte en la creación genuina de empleo, generando una serie de nuevos vehículos de inversión y reducción de la burocracia que son de los más innovadores y son hoy fuente de discusión en todo el mundo”, agrega Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de ASEA, la entidad impulsora de la iniciativa.

“Con el Financiamiento Colectivo que incorpora esta ley, Argentina se transforma en el primer país en Latam en regular esta herramienta fundamental para darle posibilidad a los emprendedores de hacer conocer sus proyectos y que todos los argentinos podamos invertir en forma directa en el futuro de nuestro querido país”, concluyó.