
La realidad de las PYMES argentinas en general, y entrerrianas en particular, se viene agravando día a día, lo que se traduce en una actividad con valores extremadamente bajos, cierre de empresas y pérdida de fuentes de trabajo genuinas.
Los cambios macroeconómicos que se han venido dando en estos últimos tiempos, luego de años de inflación desbocada y en aumento, han reconfigurado el escenario productivo en general, exigiendo mayor competitividad a todos los sectores y achicando el bolsillo de los ciudadanos. A su vez, la quita de subsidios ha operado en el mismo sentido, con aumentos de tarifas y, por ende, el costo operativo que se traduce en menores márgenes.
El contexto actual donde la tecnología nos pone al alcance productos de cualquier lugar del país y del mundo a través de las renombradas “plataformas chinas”, obliga a las pymes a ser más competitivas, aumentando la inversión, achicando sus costos y exigiendo mayor eficiencia.
Ahora bien ¿Cómo hacer esto cuando la política no hace su parte?
La realidad indica que, a pesar de los discursos, tanto el gobierno provincial como los municipios sólo han hecho “maquillaje impositivo”, hablando de reducciones tributarias que no son tales o sólo benefician a una parte ínfima del entramado productivo. Tampoco se controla la venta ilegal, sobre todo en plataformas electrónicas como “Marketplace” donde se vende cualquier cosa (legal e ilegal) sin ningún tipo de control.
Exactamente lo mismo pasa con los servicios, especialmente la electricidad, donde desde hace años se viene reclamando por un ajuste profundo en su esquema tarifario, impositivo y, sobre todo, de costos.
Un pequeño comercio o productor pyme entrerriano hoy tiene que lidiar con Ingresos Brutos, retenciones de Ingresos Brutos, impuestos a los sellos, tasas municipales que se superponen y una tarifa de energía de las más altas de país entre muchísimas otras cosas imposibles de listar.
¿Cómo se supone que, de esta manera, pueda competir con un semejante del AMBA que vende sus productos online y que, además, no sufre de los costos logísticos que sufre un entrerriano simplemente por tener un entramado vial detonado?
Respecto de las plataformas chinas, sería mejor ni hablar de ello ya que, además de lo expresado en cuanto a lo impositivo y tarifario, habría que incluir (entre otras tantas cosas) el costo que supone una conflictividad laboral creciente, donde inescrupulosos disfrutan del bloqueo, quiebre y desaparición de empresas.
Desde las instituciones provinciales venimos exigiendo que respecto del tema eléctrico se tomen las siguientes medidas:
1) Modificación de la tarifa T1-G, eliminando la progresión del aumento por consumo por una tarifa plana y gestionando ante el gobierno nacional la reducción del IVA del 27%, irrecuperable en micropymes.
2) Eliminar el EPRE, entidad intervenida desde hace muchos años, pasando sus obligaciones, atribuciones y responsabilidades a la Secretaría de Energía
3) Liberar el cuadro tarifario eléctrico provincial, para que cada distribuidora pueda cobrar tarifas en base a sus costos obligando además a éstas a ser más competitivas.
A estas solicitudes, se le agrega una cuarta que es proveer de financiamiento y exenciones impositivas a aquellas empresas que instalen generadores eléctricos fotovoltaicos (paneles solares) y vuelquen sus excedentes a la red.
Aún no hemos tenido novedades al respecto, sólo comentarios “en off”… ¡y a Volti y Amperín!
La realidad indica que estamos muy lejos de que lleguen grandes inversiones a nuestras ciudades. Es más, también estamos lejos de recibir inversiones medianas o pequeñas. Por un lado por el actual contexto, por el pasado reciente de no respeto a la propiedad, leyes ni contratos y porque existe también imposibilidades técnicas de brindar un servicio eléctrico acorde en la mayoría de las localidades entrerrianas debido a la falta de inversión en transporte, transformación y distribución.
Es por ello que, mas que nunca, se debe cuidar al entramado productivo/comercial local, dejando de “pescar en la pecera” y dando discursos alejados de la realidad.
La competitividad no sólo es responsabilidad de las empresas, sino también del Estado en generar las condiciones mínimamente adecuadas para que ello suceda, algo hasta ahora, muy lejos.
Ing. Adrián M. Lampazzi
Presidente - Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia
Secretario General - Federación Económica de Entre Ríos
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