El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia solicitó a los presidentes de las dos entidades de representación nacional de las que forma parte, Jorge Luis Di Fiori por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y Gerardo Díaz Bertrand por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que acompañen en su reclamo ante las autoridades nacionales

En la institución concordiense entendemos que este reclamo debe ser el de TODO el sector productivo de nuestro país con la urgencia que el asunto amerita.

Teniendo en cuenta la situación actual de crisis por el COVID-19, las medidas económicas tomadas hasta la fecha en salvaguarda de las empresas, especialmente las PyMEs, (que a criterio del CCISC son insuficientes y/o inexistentes -dependiendo del sector-) y que la cuarentena se extiende y se extenderá por un largo período aún indeterminado, es que se avizoran en un futuro cercano gran cantidad de conflictos laborales, concursos de acreedores, cierres, quiebras, etc.

Es por ello que así como el gobierno nacional decidió prohibir los despidos y suspensiones de los trabajadores en relación de dependencia, en el CCISC consideramos que también se deben exigir medidas que salvaguarden la integridad de las empresas y que aseguren la mayor cantidad de fuentes de trabajo no sólo cuando esta pandemia culmine sino también en los años subsiguientes, cuando los efectos de esta crisis aún perduren.

Sabemos que la litigiosidad laboral está en pleno ascenso y promete una explosión de proporciones nunca antes vista en el corto plazo, sobre todo motivada en la imposibilidad de muchas empresas de hacer frente a los sueldos y a que las herramientas que anuncia el gobierno no llegan a todos por igual.

Es por ello que solicitamos, de forma URGENTE, una serie de medidas:

• Prohibición por tres años a partir de la finalización total de la cuarentena y mientras dure la misma, de las quiebras de empresas.
  
• Prohibición, por el mismo período, de los juicios laborales originados o motivados en épocas de pandemia.
  
• Prohibición, por el mismo período, de ejecuciones fiscales por parte de los distintos gobiernos: nacional, provinciales y municipales.
  
• Actualización a esta nueva realidad de la actual Ley de Quiebras y que quienes se presenten a Concurso de Acreedores puedan hacerlo manteniendo la posibilidad de seguir trabajando.
  

No podemos esperar a que las cosas sucedan para empezar a actuar. Es imprescindible que exijamos acciones que prevengan la catástrofe que se está por producir. Alejemos a los “caranchos” y a los “vivos de siempre” que están aguardando agazapados para descuartizar al sistema productivo argentino y sumirnos en un país sin PyMEs y sin futuro.