De acuerdo a la Resolución 51 – E/2017 del Ministerio de Producción, a partir del 1° de febrero los comercios deberán distinguir entre el precio de contado (que incluye efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un pago y medios de pago electrónico) y el financiado en cuotas. A su vez, se prohíbe la publicidad de ciertos productos “sin interés” cuando tengan un costo financiero implícito que se traslada al precio final a abonar por el consumidor.

El fundamento de esta modificación es transparentar el sistema de precios minoristas, ya que, con el sistema actual, cuando un comercio indica que un producto o servicio se vende en una determinada cantidad de cuotas “sin interés”, en realidad tiene un costo financiero implícito. Esto era así debido a la interpretación que se le daba hasta ahora al artículo 37 de la Ley de Tarjetas de Crédito, que establece que no se puede hacer diferencia entre los pagos en efectivo y con tarjeta, lo que hace que los precios al contado incluyan los costos financieros para que sean iguales a los precios de las compras financiadas. Es decir que, por lo establecido en esta ley, los comercios no tenían la posibilidad de distinguir precios financiados en cuotas de los que son pagos al contado, porque la ley toma como un conjunto las compras realizadas con tarjetas de crédito, sin distinguir si son en cuotas o en un solo pago. Este es un agujero regulatorio que viene a solucionar la nueva resolución del Ministerio de Producción –llamada “precios transparentes”– y por lo que la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) viene reclamando, entre otros temas del sistema de tarjetas de crédito y débito, hace ya tiempo.

Con lo cual, el precio que hoy exhiben los bienes, en efectivo y con tarjetas, ya tiene incorporado un costo financiero, por lo que, el consumidor que paga en efectivo o en una cuota termina financiando al que paga en más cuotas, esto es, que existe un subsidio cruzado entre privados.

Con esta medida, el gobierno busca que los precios al contado bajen al darle la posibilidad al comercio de discriminar el costo financiero que tienen las compras en cuotas de las que se hacen al contado.

En el caso de los planes comprendidos en los programas “Ahora 12” y “Ahora 18” –que seguirán vigentes en las mismas condiciones–, el cálculo es simple ya que directamente se le descuenta sobre el monto de venta un porcentaje determinado, que es del 10% en el primer caso y del 15% en el segundo.



En el caso de las ventas en cuotas no comprendidas en los programas mencionados, hay que tener en cuenta el coeficiente por el cual un comerciante debe multiplicar el valor del bien para saber cuánto se le carga de financiamiento –y que varía, lógicamente, en función del plazo de financiamiento–. Para estimar cuánto podrían bajar los precios al contado debemos dividir el precio del bien por ese coeficiente para eliminar los costos financieros implícitos en las ventas en cuotas y que están incorporados a los precios al contado. Como ejemplo, en el caso de una venta financiada en 12 cuotas permitiría una posible reducción del 20 por ciento.



La Secretaría de Comercio espera que los rubros donde más se vea la baja en el precio al contado, sean aquellos en los que actualmente el consumidor opta por el financiamiento, éstos son: Indumentaria, calzado y marroquinería; teléfonos celulares, electrodomésticos de línea blanca y Computadoras, notebooks y tabletas, entre otros. Además, vale recordar que de las compras realizadas con tarjetas de crédito el 52% lo hace en una cuota, es decir que abona el costo financiero implícito sobre un bien que no debería llevarlo, por lo que esta medida debería tener un impacto positivo para los consumidores. No obstante, las bajas concretas en los precios al contado dependerán fuertemente de la estructura de ventas de cada comercio, dado que puede presumirse que sus actuales estrategias de ventas estén basadas en promediar los costos financieros entre las ventas en cuotas y las de contado, dependiendo de la participación de cada una en el total.

Como se ve, la baja de precios al contado estimada por el Gobierno es de posible alcance calculándola con las condiciones de los planes al día de hoy. En concreto, con esta medida el gobierno pretende lograr tres objetivos: por un lado la transparencia en los precios, lo que resulta beneficioso para el consumidor al poder discernir lo que verdaderamente cuesta un bien y lo que representa un cargo financiero; esto lleva al segundo y tercer objetivo, que es la competencia comercial y financiera. Esta competencia en ambas aristas apuntalarían más la baja del precio al contado y de las compras financiadas –por la baja de los costos de financiamiento–, a la vez que el consumidor podrá optar por el que le resulte más conveniente. Además, el consumidor tendrá la posibilidad de elegir la mejor forma de financiar sus compras, en el caso de que lo haga, para lo cual, los bancos y las entidades financieras, para mantener su cartera o atraer nuevos clientes, deberán generar condiciones financieras atractivas. Además, se podrán alargar los plazos: ¿y si en vez de financiar una compra en 12 cuotas con tarjeta el consumidor se financiara a 36 meses con un préstamo personal?

No obstante, es posible que el efecto de la baja no sea inmediato. Habría que tener en cuenta dos cuestiones: primero, los precios en Argentina tienen gran inflexibilidad a la baja por la larga historia de deterioro de la moneda; por otro lado, la exposición a la alta inflación durante tantos años generó distorsiones en los precios y en el comportamiento de comercios y consumidores que hace que, en un proceso de desinflación de la economía, lleve algún tiempo el que se acomoden los precios relativos. Es esperable que haya un efecto inmediato de baja de precios menor al posible pero que, a lo largo del tiempo éstos tiendan a ajustar por debajo de la inflación lo que hace que, en términos relativos, bajen.

En definitiva, el espíritu de la medida es fomentar la competencia y la transparencia –valores que la CAC defiende, al igual que la libertad económica–, lo que debería desembocar en un mercado más fluido y eficiente que beneficie a los consumidores y a la economía en general.