Ante la difusión del presunto fraude en el seno de la ATER, que habría sido cometido mediante compensaciones, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, considera pertinente hacer públicas las siguientes consideraciones:

Compensar deudas entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal y las empresas privadas es una práctica no sólo legal sino además cotidiana. El uso de las compensaciones surge de la incapacidad del Estado de hacer frente a sus deudas, y es por ello que las salda con créditos fiscales, situación que de ninguna manera beneficia a las empresas acreedoras.

También está previsto por la ley que existan cesiones de créditos fiscales y que los cesionarios puedan compensarlos con sus deudas fiscales. Una empresa acreedora del Estado, que dispone de un crédito fiscal a su nombre, a la que le conviene hacerse de dinero en efectivo de manera inmediata, cede ese crédito a otra firma, que lo usará para abonar sus impuestos. El precio de la cesión surge de la libre negociación entre las partes.

En cada uno de estos pasos, intervienen profesionales (contadores, doctores en ciencias económicas, licenciados, etc.), a quienes las empresas confían la consecución de trámites complejos y cargados de tecnicismos, como también es común que le confíen los fondos para ser aplicados en cada caso. La extensión mes a mes del correspondiente libre deuda fiscal por parte de la ATER sirve a las firmas de reaseguro, para verificar que los recursos asignados han llegado a destino en forma indubitable.

Es por todo ello que varias de las empresas que figuran en las listas divulgadas por los medios basándose en fuentes oficiales, han expresado su malestar ante el CCISC. Parten de la certeza de haber procedido correctamente, habiendo desembolsando recursos con los que saldaron sus impuestos mediante compensaciones, y obteniendo a cambio el libre deuda extendido por la oficina más cercana de la ATER.

Si, contradiciendo esas libres deudas emitidas por el propio Estado, esos dineros no llegaron a su destino legal, se trata de una estafa que tiene a las empresas por primeras víctimas. En otras palabras: estas firmas se sienten estafadas e injuriadas, ya que pagaron, obtuvieron el libre deuda que así lo confirma, y hoy ligeramente se dice que tienen pasivos que el mismo Estado certificó que habían sido saldados.

Son estas empresas, prima facie estafadas, las que mayor interés tienen en que la investigación judicial avance, a fin de esclarecer el destino de los fondos desembolsados.
Por todo ello el Centro de Comercio de Concordia insta a todos los actores involucrados, lo mismo que a los medios que tienen la sobresaliente misión de informar a la comunidad, a sujetarse al Estado de Derecho, facilitando que la Justicia cumpla acabadamente su rol, y, mientras no exista condena judicial firme, evitar todo prejuzgamiento.

COMISION DIRECTIVA